El documento otorga un papel esencial a la interlocución de las asociaciones que representan la economía social con los poderes públicos.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 16 de marzo por unanimidad la Ley de Economía Social. Se trata de una Ley pionera en el ámbito europeo, que reconoce y facilita la actividad de un sector de empresas cuyo denominador común es la primacía de los trabajadores, de los consumidores y del fin social, el compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad.
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que reconozca y visualice la economía social, destacando sus valores sociales, lo que supone reconocer como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.
El documento recién aprobado otorga un papel especial a la interlocución de las asociaciones que representen a la economía social con los poderes públicos, para trasladar sus demandas y colaborar en el fomento de este sector, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector.
Un sector que supone un 3% del PIB
En este ámbito, adquiere un papel relevante el Consejo de Fomento de la Economía Social, como órgano asesor y consultivo del Gobierno en materia de fomento de la economía social, y en el que participan representantes de la economía social y miembros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
Esta Ley afecta a un conjunto de empresas que generan 2.350.000 empleos directos e indirectos y aportan un 3% al PIB.
Forman parte de la economía social, las cooperativas en sus distintas modalidades, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades que se rijan por los principios previstos en la Ley.
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Puedes descargar el balance del Gobierno sobre el programa de fomento de la economía social aquí
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